* Aprobar un Plan de Acción contra la violencia sexual por parte del Gobierno español, en coordinación con los gobiernos de las comunidades autónomas, que establezca una política pública integral de alcance estatal cuya base sea la investigación y prevención de la violencia sexual y que garantice los derechos de las víctimas a la atención, protección, justicia y reparación. Esta política pública debería asegurar que todas las mujeres acceden a los derechos establecidos sin discriminación alguna y garantizar su efectiva implementación, a través del presupuesto adecuado y de sistemas de evaluación y rendición de cuentas de las y los profesionales implicados.

* Reformar la normativa actual en materia de acceso a los servicios del Sistema Nacional de Salud para garantizar el acceso de todas las víctimas de violencia sexual, incluidas las mujeres migrantes en situación irregular, a todas las prestaciones de la atención sanitaria establecida en los protocolos nacionales e internacionales sobre actuación a víctimas de violencia sexual.

* Reformar la normativa de extranjería para garantizar la protección de las víctimas de violencia sexual frente a la incoación de un procedimiento sancionador por estancia irregular o la ejecución de uno ya iniciado, tras la denuncia de violencia sexual. Esta reforma debería tomar como ejemplo la protección legal de las víctimas de trata y de violencia de género en la pareja o expareja, así como las recomendaciones del último informe sobre España realizado en 2011 por el Comité contra la discriminación Racial de Naciones Unidas.

* Modificar el reglamento que desarrolla la Ley 35/1995 de ayudas a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y se interprete el término “residencia” de modo que permita a las mujeres inmigrantes en situación irregular, cuya violación de los derechos humanos ha quedado acreditada en sentencia firme, el acceso a las ayudas en plano de igualdad con el resto de mujeres.

* Estudiar en profundidad los factores que contribuyen a la vulnerabilidad de las mujeres migrantes en contextos informales y opacos como el servicio doméstico o la prostitución, frente a los abusos de derechos humanos y la violencia sexual y tomar medidas para garantizar una mayor protección de los derechos de estos sectores de mujeres.

* Asegurar que las y los profesionales de los equipos de atención integral a víctimas de violencia de género cuentan con completa formación en materia de violencia sexual desde el marco de derechos humanos y género. En el medio plazo, además, implementar recursos de atención urgente y de recuperación especializados en violencia sexual y garantizar que sean suficientes, accesibles y de calidad en todo el territorio del Estado.

* Proveer formación a profesionales del ámbito de la abogacía, policía, fiscalía y poder judicial con el fin de promover su especialización en términos de comprensión del fenómeno de la violencia sexual y mejorar el trato a las víctimas desde un enfoque intercultural y de género.